PREPAGAS: RECHAZO AL NUEVO MARCO REGULATORIO

"Es una mala noticia y en el corto plazo se comprobará." Así se resume la opinión más común entre los directivos del sector de la medicina prepaga respecto del proyecto de ley que la semana última obtuvo media sanción en el Congreso y que el Senado aprobaría definitivamente. Los directivos están alertas y hasta afirman que la aprobación de la norma podría herir de muerte a algunas entidades del rubro.
La visión generalizada en el sector es que la norma, tal como salió de Diputados, le quitará a la actividad la posibilidad de ser sustentable. No sólo se quejan del control de precios que busca el Gobierno, que tendrá la facultad de autorizar o no subas de cuotas, sino también de que el proyecto establece que no se podrá ejercer el derecho de admisión contra personas de cierta edad o que sufran determinadas enfermedades. "Eso es no entender el sistema", sostuvo Marcelo Mastrángelo, presidente de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami), que reúne a entidades sin fines de lucro.
El temor que expresan los directivos es que haya quienes se afilien sólo para un tratamiento en particular, y agregan que eso afectaría principalmente a instituciones médicas con prestigio en alguna especialidad. Según Mastrángelo, en el sistema actual el cobro de cuotas crea "un fondo solidario, en el que los que no requieren servicios cubren a los que los consumen". Estimó que aproximadamente el 25% de una cartera de afiliados son los que usan las prestaciones en un momento y que a ellos se destina el 80% de las cuotas. "Si el porcentaje de demanda fuera inverso, se seguiría destinando el mismo 80% de lo recaudado, pero para cubrir al 75%, lo cual resulta imposible de imaginar", dijo.
Mastrángelo consideró que es necesaria una ley regulatoria, pero no la que se aprobaría. Y reclamó la participación de representantes del sector en la comisión que integrarán los ministerios de Salud y de Economía para controlar las pretendidas subas de cuotas de las prepagas.
Según los defensores del proyecto impulsado por el oficialismo, a partir del nuevo sistema las prepagas deberán presentar los cálculos de sus costos para justificar que realmente necesitan aumentar las cuotas. Se buscaría así evitar que se produzcan abusos. La regulación de precios también incluiría límites a las subas por razones de edad del afiliado y la fijación, por parte de las autoridades, de los cargos adicionales que estarán permitidos cuando se afilie una persona con una enfermedad preexistente.
Hugo Magonza, vicepresidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp), dijo que la proyectada autorización y fiscalización de los contratos entre las empresas y los usuarios es una medida compleja y burocrática, y consideró que la obligatoriedad -que se busca fijar- de que las entidades ofrezcan planes que "como mínimo" cubran el Plan Médico Obligatorio "no beneficia sino que perjudica a los afiliados", porque -según explicó- cada vez que se incrementa la cobertura exigida (con normas como la reciente ley de obesidad) los servicios se encarecen incluso para quienes no necesitarán esos tratamientos, pero que no pueden optar por un contrato con cobertura parcial.
Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara), Federico Díaz Mathé, señaló que el proyecto apunta contra varios principios de "sustentabilidad" del sistema.

fuente: lanacion.com